Artículo escrito por Roberto López, Coordinador de Acción Internacional para la Salud (AIS) y publicado en el diario La Primera. El Consejo Nacional de Salud
tiene el encargo de presentar una propuesta de reforma de salud. Oportunidad para debatir a nivel nacional y
con todos los actores las propuestas que
por muchos años han sido levantados, evaluar
su pertinencia y asumirlas en una propuesta nacional que tenga amplio consenso,
respondiendo a un abordaje de la salud como un derecho humano que asiste a
todos los ciudadanos y ciudadanas. Esto es un
aspecto esencial de la inclusión: todos los peruanos deben acceder a la
atención que requieren en caso que su salud se haya perturbado. Esto además
asegura una población saludable como factor fundamental para el desarrollo del
país.
En esta perspectiva, es tiempo de
abandonar aquellas estrategias de focalización que privilegiaron a algunos
segmentos de población y descuidaron a otros. Cada persona debe recibir la
atención que necesita independientemente de su condición.
En este escenario, garantizar los tratamientos
con medicamentos es un desafío que debe partir de una examen profundo de las
virtudes, debilidades y deficiencias que existen todavía en los sistemas
públicos de suministro de
abastecimiento, desde las adquisiciones
hasta la llegada de los medicamentos e insumos médicos a las manos del
usuario sea el consumidor final o quien los usa para tratar al paciente.
Esto significa mejorar aún más las
modalidades de adquisiciones para evitar
que muchas unidades compren lo mismo y a diferentes precios; que se asegure
tener personal entrenado para que las programaciones de necesidades se ajusten
a la realidad y sean oportunas para que las adquisiciones respondan a las
necesidades reales de los establecimientos de salud; que los sistemas de
distribución propios o contratados sean efectivos para llegar oportunamente con
los medicamentos en insumos a los establecimientos que los requieren.
Finalmente, los altos precios
actuales de algunos o muchos
medicamentos efectivos no pueden ser
justificación para no atender a la
población que los necesita. El gobierno tiene que, además de mejorar los
sistemas de adquisición aludidos arriba, utilizar todas las herramientas
legítimas para promover la competencia
en esos sub mercados terapéuticos donde los monopolios imponen precios altos, así como el uso de salvaguardas
vigentes en la legislación nacional y acuerdos internacionales para
garantizar los tratamientos y hacer que
los programas de salud sean sostenibles.
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