Artículo escrito por Javier Llamoza de AIS. La judicialización de la salud es una estrategia sistemática de las grandes industrias farmacéuticas por mantener mercados exclusivos y seguir exprimiendo los limitados recursos de los ciudadanos, ciudadanas y los gobiernos. El Perú no es ajeno a esta práctica, la farmacéutica Jhonson & Jhonson y la asociación que los representa ALAFARPE han sabido utilizar los mecanismo judiciales para bloquear a la competencia y mantener el monopolio bajo el argumento de proteger la salud de todos y todas, al no existir un reglamento que garantice la seguridad y eficacia de los competidores, en este caso biosimilares, a pesar de que los hechos nos indican que tanto el competidor como el innovador fueron aprobados con los mismos requisitos de calidad, seguridad y eficacia., es decir ambos responderían igual a los ojos de la autoridad reguladora (DIGEMID).
En el caso específico de Infliximab, medicamento utilizado para enfermedades autoinmunes como la artritis remautoideas; la seguridad social está apunto de pagar más de 14 millones por este medicamento, momento propicio para que Jhonson & Jhonson interponga una medida judicial ante el 5to juzgado en lo Contencioso Administrativo, que poco o nada conoce sobre el impacto de sus decisiones sobre la salud pública, y en vez de pedir opinión al órgano encargado y administrar la justicia en línea a la política de medicamentos, que demanda promover la competencia, y haciendo caso omiso a los antecedente juzgados, ordena la suspensión de la autorización de comercialización, dejando un solo proveedor en el mercado al que se le pagarían los 14 millones Esta práctica de la farmacéutica Jhonson & Jhonson no es nueva, lo mismo sucedió en el 2014 con el medicamento Bortezonib (utilizado para un tipo de cáncer de la medula osea), parece ser una práctica sistemática de la mencionada industria farmacéutica.
En el mundo existen tres Infliximab autorizados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), de ellos solo dos han ingresado al mercado peruano, el innovador Remicade y el biosimilar Remsima, el escenario perverso actual difícilmente atraería más competidores, lo cual es perjudicial para el sistema de salud ya que con mayor competencia se lograría la reducción del precio y por lo tanto un gasto eficiente de los recursos públicos. Algunos estudios europeos nos muestran que un mercado en competencia en este grupo de medicamentos biotecnológicos, llevaría a una reducción del precio que puede ir desde el 20% al 30% pudiendo llegar a 60% como en el caso de Argentina, es decir, significaría un ahorro para la compra de EsSalud entre 3.2 millones hasta 9.6 millones de soles. Lamentablemente de eso nos priva la justicia, una farmacéutica angurrienta, y un Ministerio de Salud con fuerzas limitadas para proteger la competencia. Y el papel de INDECOPI, bien gracias, solo es un espectador de lo que debiera ser un caso para actuar de oficio, porque esto, a todas luces es una práctica anticompetitiva.
En unos meses, como sucediera anteriormente, el juzgado, tras las pruebas, declarará infundado el contencioso administrativo presentado por Jhonson & Jhonson, lógicamente luego de cerrada la compra por EsSalud y los 14 millones le sean adjudicados al único proveedor temporal. Ya sucedió en el 2014 y en ese año fueron 16 millones de soles. ¿A quién responsabilizaremos de este atropello al sistema de salud?,¿Quién será el responsable por el uso ineficiente de los recursos públicos, que es dinero de todos los peruanos y peruanas?, ¿Hasta cuándo los peruanos seremos atendidos por hospitales precarios por falta de recursos, mientras que una farmacéutica se lleva nuestro dinero?, ¿Cuál es la posición del Ministerio de Salud para revertir esta situación, promover la competencia y garantizar el derecho a la salud?, todos y todas exigimos resultados por un sistema de salud digno.
