Artículo escrito por Roberto López, Coordinador de la Asociación Internacional para la Salud (AIS) y publicado en el diario La Primera. El tratamiento para el VIH es otorgado gratuitamente por el Ministerio de Salud y los establecimientos de las Fuerzas Armadas y Policiales, además que está en la cobertura que ofrece EsSALUD. Este es un reconocimiento explícito al derecho que tienen todas las personas al tratamiento médico que requieren. Dada la importancia de mantener este tratamiento de por vida, es crítico que el sector público utilice los mecanismos apropiados para obtener los precios más convenientes. Una de las formas que ha utilizado el gobierno para esto, es exonerar de aranceles e IGV a los medicamentos e insumos utilizados en dicho tratamiento, que no parece haber dado los resultados que se esperaban.
Algunos medicamentos utilizados en tratamientos de primera línea han disminuido sus precios desde hace años debido a la competencia de los genéricos; pero otros, los llamados de “última generación” y que se utilizan en los esquemas “de rescate” pueden llevarse un gran porcentaje de lo que se invierte en la compra de antirretrovirales. Esto es más evidente cuando los productos son de única fuente (monopólicos) sea por protección de patentes u otros factores.
Como no existe ninguna regulación de precios de medicamentos, éstos aumentan sus precios sin ningún control luego que entran al país llegándose en algunos casos a triplicar o cuadruplicar dichos precios. Este es un fenómeno que es necesario vigilar para evitar abusos con precios que pueden ser muy altos comparados con otros países. Se conoce, por un estudio realizado por Acción Internacional para la Salud, que en el periodo que va de enero 2011 a abril 2012, un solo antirretroviral ha representado el 47% en valores de lo que ha comprado todo el sector público, asunto que debe llamar la atención de los organismos encargados de las compras públicas.
Más allá de los casos específicos es crítico que el sector público ponga en operación algunas herramientas que permitan obtener precios más adecuados, incluyendo los de aquellos medicamentos que están en posición monopólica. Por ejemplo, el gobierno debe definir una canasta de países y una de medicamentos cuyos precios debe monitorear permanentemente para conocer las diferencias que se dan entre los precios ofrecidos aquí y los de otros países, de tal modo que se utilicen en procesos de compras públicas de medicamentos. Esto tiene el potencial de evitar que un mismo producto, del mismo productor sea colocado en el país a un precio mayor que en otros países, sin mediar ninguna justificación.
Ver en: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas-y-colaboradores/precios-de-medicamentos-para-vih_121045.html
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