Artículo escrito por Ana Romero de RedGE, publicado en el diario UNO. Hemos sido en estos días testigos del debate en el ejecutivo alrededor del Atazanavir y la licencia obligatoria. Un Ministerio de Salud firme en la necesidad del otorgamiento de la licencia para este antirretroviral utilizado para el tratamiento de la infección por VIH/sida, distribuido en Perú bajo el nombre comercial de Reyataz®, fabricado por la empresa Bristol Myers Squibb (BMS) y dos ministerios opositores a esta medida: MINCETUR y Economía. Vale decir, con una oposición con afirmaciones desinformadas e inexactas argumentando la imposibilidad de la aplicación de dicho mecanismo. A este frente se sumó la obvia oposición de La Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFARPE) como representante de la Bristol Myers Squibb, con los mismos argumentos.
El asunto es el siguiente: el atazanavir en nuestro país presenta un injustificado alto precio, siendo el más alto de región (hasta 20 veces más su valor que otros país), ocasionando un sobregasto para el Estado peruano cada año, y que además solo para la compra de este medicamento gasta el 50% del presupuesto para antirretrorrtrovirales.
Los argumentos principales para oponerse a la aplicación de esta medida están centrados en que se pondría en riesgo los acuerdos comerciales y que significaría una expropiación de la propiedad intelectual.
La aplicación de la licencia obligatoria para este medicamento por interés público, es una medida totalmente legal que se encuentra contemplada en el Acuerdo sobre los Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y en la legislación peruana por el Decreto Legislativo 1075 para la implementación del TLC con los EE.UU.
La Licencia Obligatoria, no es una “expropiación de la propiedad intelectual” sino un mecanismo legal que permite el ingreso de competidores al mercado. En este escenario de competencia, BMS puede seguir ofertando su producto, no se le expropia sus derechos, y se les reconoce una regalía por propiedad intelectual.
Una vez más la posición de los ministros de economía y de comercio nos refuerzan y nos recuerdan que estamos frente a un modelo de desarrollo que pone por encima a las grandes inversiones y los intereses comerciales, dejando a un lado los derechos de las personas.
Ver en: http://diariouno.pe/columna/la-salud-por-encima-de-los-intereses-comerciales-depende-de-quien-lo-diga/
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