lunes, 6 de febrero de 2017

Pronunciamiento. Los peruanos y peruanas no merecemos que se ponga en riesgo nuestra salud



En un pronunciamiento público las organizaciones de la sociedad civil, que trabajan en temas de acceso a medicamentos, Acción Internacional para la Salud (AIS), la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), la Red Peruana de Pacientes y Usuarios, Givar, Prosa, Si, Da Vida, Justicia en Salud, Salud Preventiva Andina, Peruanos Positivos, Cequifar, Alames y Pro Vida expresaron su preocupación por el modelo de desarrollo que se pretende instalar, dinamizando el mercado a través de flexibilizaciones que ponen en riesgo la salud. Asimismo, expresaron su nuestro rechazo a la imposición de los decretos legislativos 1290,1344 y 1345, que no hacen más que generar informalidad e incrementar el comercio ilegal con el consecuente impacto negativo en la economía, y en la salud de los consumidores. Los alimentos de consumo humano, los cosméticos y los dietéticos deben ser productos seguros y eficaces, por lo que sus regulaciones deben ser lo suficientemente exigentes para su uso confiable. Por ello, las instituciones técnicas, encargadas de su regulación, deben ser fortalecidas a fin de llegar a un balance entre la seguridad que exigimos los ciudadanos y ciudadanas y la apertura comercial que nos lleve al crecimiento económico.   

No es aceptable que se apueste por una dinamización del mercado a través de  autorizaciones automáticas, basadas en declaraciones juradas que luego serán corroboradas con controles, vigilancia y fiscalización posterior, cuando sabemos que esto ya se viene haciendo en forma limitada por los escasos recursos humanos de sus instituciones y que, además, las intervenciones terminan desvirtuadas por una serie de artilugios legales donde los únicos perjudicados son los ciudadanos y ciudadanas, quienes deben ser protegidos por el Estado y sus regulaciones. Por ello, no aceptamos retrocesos en las políticas públicas, que vienen siendo construidas al margen de la participación ciudadana.   

En ese sentido, exigieron al Congreso de la República la derogatoria de los decretos legislativos 1290, 1344 y 1345 porque todos y todas tenemos derecho a gozar de productos seguros y de calidad.

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