Artículo escrito por Roberto López de Acción Internacional para la Salud (AIS) y publicado en el diario La Primera. El gobierno chino investiga a la
multinacional británica Glaxo Smith Kline (GSK) al percatarse que funcionarios
de la compañía han realizado lavado de dinero a través de agencias de viajes,
para contar con dinero para sobornos y otras actividades ilícitas. El gigante
farmacéutico que el año pasado facturó un total de 40 mil millones de dólares
por tres de sus productos (Paxil, Avandia y Zantac) ha reconocido que sus
funcionarios están comprometidos en los delitos investigados. La compañía dijo
“estar profundamente preocupada y decepcionada por estas acusaciones de
comportamiento fraudulento y conducta no ética de ciertos individuos de la
compañía y agencias de terceros”.
Los investigadores del caso han
afirmado que altos oficiales de la compañía en China utilizaban agencias de
viajes para lavado de dinero y así dirigir fondos para sobornar médicos,
hospitales, asociaciones médicas y oficiales de gobierno.
Cabe preguntarse cuán común son
los comportamientos ilícitos que son conducidos por funcionarios de las grandes
compañías farmacéuticas. Uno de los funcionarios detenidos ha confesado a la
policía: “Esa es la manera como funcionan los negocios”. Es común hacer esto”.
Como para corroborar esta afirmación, otro gigante farmacéutico, Eli Lilly,
decidió en diciembre pasado pagar 29 millones de dólares como respuesta a la
acusación de la US Securities and Exchange Commission al haber detectado que
empleados de la compañía habían entregado dinero en efectivo y regalos a
empleados gubernamentales de China, Brasil, Rusia y Polonia para facilitar sus
negocios. Pfizer también ha sido multado en agosto 2012 con más de 60 millones
de dólares por casos de sobornos en el exterior.
Lo que significa que las
organizaciones gubernamentales e intergubernamentales deben establecer
regulaciones más estrictas para prevenir estas actividades que pueden afectar a
los sistemas de salud y usuarios, pues el costo de dichas actividades se
incluye en los precios de los medicamentos. En esa perspectiva los gobiernos y
organizaciones no gubernamentales deben poner bajo escrutinio las actividades
de las compañías farmacéuticas en sus relaciones con oficiales gubernamentales,
prescriptores y dispensadores y otros profesionales de la salud y sus
organizaciones.
