Artículo escrito por Roberto López, coordinador de AIS y publicado en el diario La Primera. Es oportuno insistir en los problemas que representan para los usuarios los precios de las medicinas y la atención que merece el mercado farmacéutico en general y algunos segmentos en particular. Es conocido que la población que accede a Seguros privados es un porcentaje reducido, comparado con la población que se atiende en Seguros y servicios públicos, pero cuyos intereses también deben ser cautelados por el Estado. El reportaje de PANORAMA (2.12.12) reiteró las denuncias que hacíamos desde AIS- REDGE en cuanto las farmacias de las clínicas privadas cargaban, para un mismo medicamento, un precio varias veces más alto que el de otras farmacias privadas. Para concretar el problema, encontramos por ejemplo que el Rocephin (marca original de la ceftriaxona iny. 1 gr.) cuesta en una clínica privada hasta s/. 170.00, mientras que en otras farmacias privadas se encuentra hasta por S/. 42.00. La misma marca; no comparamos genéricos con marca original. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Propietarios de clínicas privadas han argumentado que esto ocurre para que los asegurados puedan recibir los otros servicios a un precio bajo, lo que amerita un análisis y monitoreo de lo que están haciendo las aseguradoras y clínicas privadas, en defensa de los intereses de los asegurados.
Esto animó a los directivos de la SUNASA y DIGEMID a visitar clínicas privadas para inspeccionar los hechos denunciados como “sobrevaloración de precios”. A los tres días de esta acción, el jefe de SUNASSA fue destituido (15.12.12); no se sabe si ocurrirá lo mismo con los jefes de la DIGEMID.
Pareciera que existen fuerzas ocultas que siempre están presionando a los gobiernos –cualquiera que sea– para que no se examine con profundidad lo que ocurre en el mercado farmacéutico y particularmente con relación a lo que hemos denominado la “jungla de precios”. Se imponen precios altos sin otra justificación que la de optimizar las utilidades de las empresas farmacéuticas (productores, importadores y minoristas), afectando las posibilidades de acceso de la población que paga de su bolsillo, y no solo de aquellos que tiene un seguro privado, sino de poblaciones en situación de pobreza que no poseen la información o el asesoramiento profesional ético que le permita comprar lo más conveniente para sus economía. El Estado tiene la obligación de proteger a los usuarios, no desde un punto de vista asistencialista o paternalista, sino poniendo reglas claras que eviten los abusos del mercado.
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Un reciente estudio realizado por Acción Internacional para la Salud (AIS) y la Red Peruana por una Globalización con Equidad - RedGE, cuyos resultados fueron presentados en un desayuno de trabajo con congresistas y periodistas revela que con las exoneraciones y los precios de venta al sector público, los importadores farmacéuticos llegan a obtener sobreganancias de más de 300% en los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de cáncer, afectando el presupuesto público en salud y limitando la cobertura de atención. 
El estudio realizado por AIS y RedGE también demuestra la diferencia de precios finales de hasta 900 veces que hay entre un grupo de medicamentos más vendidos en el Perú. Esto demuestra que la demanda de las medicinas, necesarias para salvar vidas, ha generado que los productores y distribuidores pongan los precios que los bolsillos puedan aguantar. En ese sentido, la sociedad civil considera que el Congreso de la República debe fiscalizar la implementación de las Leyes de Exoneraciones para que cumplan los propósitos para las que fueron aprobadas, por ello invoca a la Comisión de Salud a que llame al Ministro de Salud, Alberto Tejada, para que informe sobre el cumplimiento de estas normas y el acceso a medicamentos de miles de pacientes que los necesitan. 
En la sala Caral del Hotel Meliá se realizó, el miércoles 18 de abril de 2012, un desayuno de trabajo con congresistas y periodistas, en el que AIS y RedGE presentaron los resultados de los estudios que confirman las sobreganancias de las farmacéuticas por la venta de medicamentos para el cáncer y la diabetes, pese a las exoneraciones tributarias. Las exposiciones estuvieron a cargo de Roberto López y Jonathan Nué, representantes de AIS y Julio César Cruz, representante de la Red Peruana de Pacientes y Usuarios.