Artículo escrito por Javier Llamoza de AIS, publicado en el diario UNO. Desde hace más de un año, las organizaciones de la sociedad civil han solicitado al gobierno el uso de la licencia obligatoria a fin de reducir el precio del medicamento atazanavir por el cual pagamos 20 veces más que el precio pagado en otros países de la región, ocasionando un sobregasto por año de más de 26 millones de soles.
Como se sabe, este alto precio es producto del monopolio que le otorga la patente a la marca REYATAZ (atazanavir) de la farmacéutica Bristol Myers Squib y se prolongará hasta el 2019.
A esta solicitud, se han sumado la Federación Médica, el Colegio Químico Farmacéutico del Perú, Congresistas de la República, EsSalud, la Municipalidad de Lima, ADIFAN, entre otros. La solicitud es justa; el ahorro permitiría afrontar las brechas existentes en el sistema de salud.
Ante esto, la reacción de la farmacéutica no se ha hecho esperar. Primero con una carta intimidatoria al Colegio Químico Farmacéutico del Perú, luego comunicando a la embajada de EEUU que esta medida afectaría su inversión, y hoy la propia embajada se ha reunido con altos funcionarios del gobierno. Situación que no es extraña, pues la industria farmacéutica es la que más invierte en lobby en EEUU.
Contradictoriamente, Estados Unidos es el país que más ha usado la licencia obligatoria y cuya posición oficial es respetar los derechos de propiedad intelectual y el uso de las salvaguardas para proteger la salud pública.
Es necesario nuevamente recordar al gobierno que las licencias obligatorias forman parte del sistema de patente y nacen con el mismo acuerdo en la OMC, su uso en los países es tan legítimo como otorgar patentes y solo requiere la voluntad política, sin intervencionismo y con la sola convicción de proteger los interés públicos.
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