Artículo escrito por Alejandra Alayza, publicado en el diario La República. El debate sobre acceso a medicamentos está caliente como este verano. Pacientes y médicos denuncian la limitadísima cobertura de los caros seguros privados. En las compras públicas, el Estado termina pagando sobreprecios –con recursos de todos los peruanos– por medicamentos que se venden carísimos, abusando de las posiciones de dominio de los laboratorios. Una cada vez más ambiciosa industria farmacéutica se las juega aquí y en la cochinchina, por mantener sus millonarias ganancias.
Los medicamentos no son naturalmente caros. Un sistema de propiedad intelectual, diseñado como anillo al dedo de una de las industrias más ricas del planeta, elimina la competencia elevando los precios y ampliando ganancias. La bondad en la producción de medicamentos para salvar vidas se opaca por las estrategias de ganancias del sector farmacéutico. Durante el 2013, el margen de ganancia de los cinco principales laboratorios farmacéuticos fue alrededor de 20%, sólo el gigante norteamericano Pfizer llegó a ganancias del 42%. Tremendo negocio y dramática forma de acumulación a costa de la salud de las personas.
Para mantener estas ganancias, los laboratorios le han puesto el ojo al nuevo y creciente mercado de medicamentos biológicos (derivados de organismos vivos o células). Sí, ese mercado tan sensible en el que están los tratamientos contra el cáncer.
Asegurarse el monopolio en este nuevo mercado es un billete de lotería premiado. Para ello, la gran industria farmacéutica viene influenciando para bloquear el ingreso de los biosimilares (equivalente a los genéricos) tanto en las políticas nacionales, como en las reglas globales.
En el Perú la batalla ya se ha iniciado y tiene dos frentes muy concretos (que como siempre quieren pasar piola). Desde junio del 2014 (como denunció este diario), el ingreso de biosimilares al mercado peruano (para generar competencia y por lo tanto reducción de precios) fue limitado debido a una medida cautelar interpuesta por Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos-Alafarpe, impidiendo a la Digemid el registro de estos medicamentos. Y por otro lado, en la negociación del llamado TPP donde los Estados Unidos han puesto muy claro su interés (y claro los de las ganancias de su industria farmacéutica) de incluir 12 años de protección (datos de prueba) de los medicamentos biológicos limitando por este periodo la competencia. Tremendas perlas. Lo cierto es que frente a ambas el gobierno peruano puede y debe actuar, garantizando el ingreso de biosimilares al mercado nacional, y no asumiendo compromisos perversos en el TPP. Una decisión valiente y autónoma es lo que corresponde ahora.
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