Artículo publicado en el diario La Primera, escrito por Roberto López, coordinador de AIS. Un sector de la industria farmacéutica afirma que está empeñado en defender la salud de la población para lo cual exige duplicar controles de calidad y flexibilizar algunas regulaciones de medicamentos. Si el cuidado de la salud fuera su finalidad, la industria farmacéutica debería retirar del mercado tantos productos que no tienen eficacia terapéutica comprobada, y que sólo están ahí “porque se venden” y producen importante utilidades; o combinaciones de dos o más medicamentos sin justificación técnica que impide un tratamiento ajustado para cada paciente. Contrariamente, una de las disposiciones que este sector industrial apoya en el Proyecto de Ley N°995-2011-CR que modifica la Ley de Medicamentos 29459 es que esos medicamentos que buscan su reinscripción para el registro sanitario y que de acuerdo a la Ley actualmente vigente deben sustentarlas con estudios de eficacia y seguridad, sólo deberán presentar “información” sobre seguridad y eficacia.
El mismo Proyecto de Ley dispone que la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de un país de alta vigilancia sanitaria como Estados Unidos sólo sea válida para aquellas plantas que están en su territorio. Vale recordar que la FDA de Estados Unidos, por ejemplo, certifica BPM a plantas farmacéuticas de la India para que puedan ingresar sus productos al mercado estadounidense. De otro lado, dicho proyecto exige que se haga innecesarios controles de calidad, restando utilidad al hecho que la DIGEMID certifique en BPM a las plantas en el exterior de donde se importan medicamentos. Al no haber suficientes laboratorios acreditados en el país para hacer lo que el proyecto propone, se originaría un cuello de botella para el ingreso y comercialización de medicamentos importados. En este escenario, las empresas farmacéuticas nacionales aparecen como la posibilidad de realizar servicios de control de calidad en el territorio nacional, con lo que se tendría la figura que empresas que producen y comercializan medicamentos harían dicho control a los productos de sus competidores. Ambos casos podría llevar a una reducción del flujo de medicamentos, menor competencia, probable escasez y precios altos.
Programas televisivos han mostrado a los personajes que están detrás de esta iniciativa que no tiene nada que ver con la salud de la población, pero sí, con intereses comerciales. Al momento de tomar una decisión, el Congreso debe considerar que las regulaciones resultantes pueden limitar la competencia y, por otro lado, perpetúan la permanencia en el mercado de productos que más allá que estén muchos años en el mercado, no han probado eficacia y/o su racionalidad fármaco terapéutica.
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