En manos de las corporaciones

Artículo escrito por Roberto López, coordinador ejecutivo de Acción Internacional para la Salud (AIS) y publicado en el diario La Primera. Una  nefasta  consecuencia del TLC con Estados Unidos pretende aplastar las políticas soberanas de los estados: el capítulo de inversiones permite que las corporaciones demanden a los Estados con el argumento que algunas leyes o regulaciones nacionales estarían afectando sus expectativas de utilidades.  Esto ha sido utilizado por  Renco Group (La Oroya) para  demandar al Estado peruano por 800 millones de dólares.  En los periodos de negociación, los defensores de este tratado  se atrevieron a afirmar  que esto no pasaría  en el campo de los medicamentos.  Lo que  ocurre ahora  en Canadá lo desmiente y levanta nuevas preocupaciones para nuestro país: la compañía Ely Lilly ha demandado al gobierno canadiense  que, de acuerdo a la legislación vigente, ha invalidado  la  patente a un medicamento por no demostrar la utilidad  terapéutica que la compañía adujo para conseguir dicha patente. La compañía se ha basado en el  Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)  que, seguido por el TLC Perú-Estados Unidos,  pone a las corporaciones en el mismo nivel que los gobiernos y los derechos de sus ciudadanos, reconociéndoles   prerrogativas para cuestionar las leyes y regulaciones así como los tribunales nacionales, sentando a los gobiernos en el banquillo de tribunales privados.

Estos acuerdos otorgan  derechos casi ilimitados a las corporaciones que se ponen por encima de las legislaciones nacionales. Un país como el Perú puede ser demandado por una corporación si es que ésta considera que los criterios de patentabilidad  aplicados para alguno de sus  medicamentos son “cuestionables” y afectan  las utilidades esperadas.  El dinero de los contribuyentes peruanos tiene que usarse entonces para pagar a la corporación por los montos que defina finalmente un tribunal privado.    Más aún, los gobiernos no pueden mejorar sus regulaciones para, por ejemplo, proteger el medio ambiente o facilitar el acceso a medicamentos para quienes lo necesitan, pues correrían el riesgo de  ser demandados  por  corporaciones que podrían argumentar que dichas normas las afectan.

En la negociación del Acuerdo Comercial Trans Pacífico en la que está involucrado el Perú, estas mismas  cláusulas  son incluidas, lo que ampliaría el espectro de posibilidades  para que el país sea demandado por corporaciones con el argumento que  políticas nacionales estarían afectando sus intereses, lo que resultaría en un  gobierno atado de pies y manos, subyugado a la voracidad de las corporaciones. 

Ver en: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas-y-colaboradores/en-manos-de-las-corporaciones_133880.html