Artículo escrito por Roberto López, Director de Acción Internacional para la Salud (AIS) y publicado en el diario La Primera. Los medicamentos no son un lujo.
Tienen relación directa con el derecho a la salud y la vida. Por lo que su
asequibilidad no puede dejarse en manos
de las llamadas “fuerzas del mercado”, donde algunos de los agentes –
productores, importadores y distribuidores – buscan la máxima rentabilidad a
sus inversiones; lo que frecuentemente
colisiona con los intereses de la salud pública que busca que todas las
personas puedan acceder igualmente a atención médica de calidad que incluye los
medicamentos.
En esta columna hemos hecho
varias reseñas de cómo el mercado farmacéutico abusa de los usuarios imponiendo
precios que no guardan ninguna relación con los costos para producirlos y
distribuirlos, y, hasta cuando el gobierno peruano ha intervenido a través de
exoneraciones de aranceles e impuestos,
no se han obtenido los resultados esperados. Más aún, varios actores involucrados en el
problema, han documentado la imposición
de precios en clínicas privadas que con
frecuencia van muy por encima de lo que se carga en otras farmacias privadas.
Es claro que estamos ante un mercado caótico, donde la integración vertical –
producción y distribución – al que se le añade la relación de productores y
distribuidores con empresas aseguradoras y prestadoras de atención de salud,
agrega nuevos factores que distorsionan el mercado y lo hacen más imperfecto o,
como dirían otros, con “fallas” que afectan a los usuarios.
Países de la OECD regulan el
mercado de diferentes formas de acuerdo a sus condiciones particulares. En
América Latina, Colombia, Brasil y El Salvador son claros ejemplos que frente a
las “fallas del mercado”, los gobiernos han optado por regular el mercado de
medicamentos. Lo que se busca es obtener
el mejor valor utilitario por el dinero que se invierte. Y esto implica a las
personas que gastan de su bolsillo y para los sistemas de salud públicos y
privados. Por esta razón es urgente explorar
y definir áreas de regulación del mercado de
medicamentos, diseñando metodologías que permitan identificar los
mecanismos de formación de precios de los medicamentos para llegar a definir
márgenes razonables en las distintas fases de la cadena de suministro y llegar
a precios finales razonables, por lo
menos aquellos que son esenciales. Insistimos, los medicamentos no son
artículos de lujo; no consumirlos cuando se necesitan resulta en sufrimiento,
discapacidad y no pocas veces en
desenlaces fatales. El gobierno tiene la
obligación de prevenir que agentes pongan en riesgo a la población y debe dar
medidas positivas para que nadie se
quede sin el acceso a medicamentos por
razones económicas o de otra índole.
