Artículo escrito por Roberto López de AIS, publicado en el diario La Primera. En el 2009 todos los países fueron puestos en
alerta por la pandemia de la gripe
AH1N1. La Organización Mundial de la Salud (OMS) se puso al frente de esta
alerta y con base en informes de comités que tenían serios conflictos de
interés, propició la compra millonaria de oseltamivir, un medicamento que se promocionaba
por su supuesto potencial de evitar las muertes y otros efectos graves que
podía causar la pandemia. Se creyó que “reduciría los ingresos hospitalarios y
las complicaciones como la neumonía. Sin embargo, la evidencia original
presentada a las agencias gubernamentales de todo el mundo era
incompleta".
Las afirmaciones sobre la efectividad del
oseltamivir fueron un factor
esencial para que muchos gobiernos
invirtieran en la compra de este medicamento y otros para enfrentar la
pandemia del 2009-2010; un negocio de muchos millones de dólares para empresas productoras de “antivirales”. Por
ejemplo, Estados Unidos gastó “más de 1,3 mil millones de dólares en la compra
de una reserva estratégica de antivirales mientras que en el Reino Unido el
gobierno gastó casi 424 millones de libras para una reserva de unos 40 millones
de dosis. En España el Gobierno dedicó 333 millones de euros en 2009
para la lucha contra la gripe”. ¿Cuánto gastó el gobierno peruano en estos
medicamentos?. No hay información. Pero es probable que gran cantidad de oseltamivir, expiró en
los anaqueles de farmacias públicas.
Las últimas revisiones que se han hecho,
particularmente de la Colaboración Cochrane, y que vieron la luz este año
revelan que el medicamento en cuestión no tiene los efectos que se
promocionaron y se ha confirmado sus efectos secundarios: náuseas, vómitos,
dolor de cabeza, trastornos psiquiátricos y problemas renales. La compañía
titular de oseltamivir de negó por algún tiempo a compartir la información
sobre la efectividad del medicamento y tuvo que hacerlo bajo presión de la Colaboración Cochrane y el
British Medical Journal. Este caso advierte a los gobiernos y gestores de
sistemas de salud para que antes de decidir el uso de un medicamento deben
tener información completa sobre su eficacia y seguridad. Si no, es posible que
se gaste mucho dinero en medicamentos inútiles o que causan daño, donde los
únicos beneficiados son los productores.
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