Artículo escrito por Javier LLamoza de AIS, publicado en el diario La Primera. El Ministerio de Salud ha reconocido que en el Perú
se paga el precio más alto por el medicamento atazanavir (utilizado para tratar
el VIH) comparado con países de la región; cada tableta cuesta 24 veces más del
precio pagado por la versión genérica y se seguirá pagando en tanto venza la
patente en el 2019, ocasionando un sobregasto de más de 85 millones de soles al
estado.
En el 2009, el medicamento olanzapina utilizado para
el tratamiento de trastornos mentales como la esquizofrenia, costaba al estado
0.79 céntimos de sol la tableta, luego que INDECOPI le otorgará más de 5
patentes y la farmacéutica obtuviera la exclusividad del mercado, el medicamento
fue comercializado hasta en 16.95 nuevos soles, 21 veces más del precio pagado que
cuando existía competencia.
Estos ejemplos muestran como el modelo económico de
libre mercado no fija el precio de manera óptima, en ausencia de competencia.
El interés económico, bajo una posición de dominio termina imponiendo altos
precios sobre un bien que puede curar, controlar la enfermedad o mejorar la
calidad de vida de las personas, es decir, la barrera económica, consecuencia
de la falla del modelo, termina atentando contra el pleno ejercicio del derecho
a la salud y la vida.
Allí, cuando el modelo de libre mercado falla, la
intervención del estado se hace necesaria. La Constitución Política del Perú de
1993, reconoce los principios de una Economía Social de Mercado, es decir, se
reconoce la presencia de un modelo económico con principios fundamentales de
respeto a las libertades económicas, pero que está al servicio de la persona
para proteger sus intereses, por tanto, el principio de un estado social
soporta la intervención del mercado para regularla cuando el modelo falla, con
la finalidad de equiparar el interés privado con el interés social. Dicho esto,
regular el mercado frente al abuso de precios sobre bienes de los cuales
depende la salud y la vida, es una medida que se hace necesaria, caso contrario,
seguiremos pagando exorbitantes precios, dejando al desamparo derechos fundamentales.
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